Con esas acciones se busca que la SCJN advierta que las entidades carecen de facultades para establecer regulaciones locales en materia anticorrupción y para nombrar funcionarios antes de la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, próximas a promulgarse.
Salvador Sandoval, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, aseguró que la falta de competencia de los congresos locales generará inseguridad jurídica y los juicios emitidos por su aplicación tendrían vicios de inconstitucionalidad.
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, señaló que estos recursos jurídicos se presentaron por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.
El funcionario expresó que “no hay cabida a leyes locales a modo” y agregó que los actos realizados por los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo, tales como el nombramiento de magistrados y fiscales anticorrupción, no están acordes a las leyes establecidas recientemente por el Congreso de la Unión.
