Por Ruperto Patiño Manffer*

Trascendente responsabilidad tienen el Presidente Peña Nieto y los Senadores de la República, para cumplir con el mandato contenido en el artículo 102 de la Constitución federal, consistente en designar a la persona que deberá desempeñar el cargo de Fiscal General de la República.

Para desempeñar la alta responsabilidad de ser Fiscal General de la República se necesita satisfacer, además de los requisitos formales establecidos en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poseer un profundo compromiso acerca de la vigencia y defensa de los Derechos Humanos, tanto de fuente nacional como internacional, que le sirvan de guía para garantizar el cumplimiento puntual y sin excepciones de las normas constitucionales y de las leyes que de ella derivan y, mediante la actuación del Ministerio Público, la persecución  eficiente ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal, teniendo como principal objetivo asegurar la  exacta aplicación de la ley, sin excepciones y sin discriminación, manteniendo una sana distancia con los centros del poder político, bajo la convicción de que todas las personas, con independencia de su posición social, están sometidas al imperio de la ley y con esta convicción cumplir con su encomienda.

El Fiscal General de la República debe considerar en todo tiempo, que la Fiscalía General no es la contraparte del Poder Judicial Federal, porque ambas instituciones comparten la misma vocación; es decir, la búsqueda de la justicia mediante la vigencia permanente del estado de derecho, que es el único camino que puede conducir a la sociedad civil a vivir en un clima de paz, de armonía, en donde todas las personas tengan las posibilidades de realizar sus proyectos de vida personales y familiares. La vigencia del estado de derecho, mediante la aplicación permanente y constante de las leyes vigentes, es un requisito sine qua non para el funcionamiento del estado democrático de derecho al que todos aspiramos.

El Fiscal General de la República debe utilizar todos los recursos de que disponga; físicos y materiales, para alcanzar, junto con las actuaciones del Poder Judicial Federal, un ambiente de justicia social en donde las arbitrariedades, la discriminación y las actuaciones fuera de la ley, sean erradicada permanentemente. Todas las autoridades del estado, sin excepción, están sometidas al imperio de la Ley y que este sometimiento sea una realidad permanente, es una función principal del Fiscal General de la República.

Considero que el Fiscal General de la República debe ser un jurista que, más allá de los 10 años de experiencia que exige la Constitución, debe conocer con profundidad el catálogo de los derechos humanos, tanto de fuente nacional como de fuente internacional, que el estado mexicano está comprometido a cumplir, y con base en dicho conocimiento, debe poseer como parte de su  formación jurídica, ética y social, un íntimo convencimiento de que los derechos fundamentales deben promoverse, respetarse y protegerse. En ningún caso resulta aceptable que se deje de cumplir con la obligación de perseguir los delitos a pretexto de respetar los Derechos Humanos. El respeto y vigencia de los Derechos Humanos no puede esgrimirse como razón para no perseguir eficientemente a las personas que incurren en conductas que la ley califica como delitos y asegurar en todo tiempo la vigencia y cumplimiento del derecho.

El Ministerio Público Federal, bajo la conducción del Fiscal General de la República, tiene la obligación de enfrentar eficientemente a la delincuencia, respetando rigurosamente los Derechos Humanos, de los que todas las personas somos titulares. Ese es el gran reto que tendrá que enfrentar y resolver el Fiscal General de la República y para lograrlo, debe apoyarse en profesionales ampliamente capacitados en la investigación de los hechos que constituyan delitos y en la determinación sólida y científicamente construida de las personas que resulten ser los probables responsables, para que sea el Poder Judicial Federal quien decida la sanción que corresponde aplicar en cada caso.

La persona que ocupe el cargo de Fiscal General de la República debe ser un jurista que se mantenga alejado de los centros del poder político; no debe tener compromisos de ninguna clase con los centros poder formales, ni con los poderes fácticos que interactúan en el estado; debe ser, en todo caso, un científico del derecho cuyo único compromiso esté del lado de la justicia, del comportamiento ético, de la cultura de la legalidad y de la vigencia del derecho.

*El autor es Doctor en Derecho; académico y ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM.